Los productores españoles critican el proyecto de impuesto sobre los servicios digitales
Los agricultores y los productores de aceite de oliva temen que el impuesto, que afectará principalmente a las empresas estadounidenses, obstaculice los esfuerzos por negociar una solución a los aranceles actuales y pueda dar lugar a la imposición de nuevos aranceles.
Mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se prepara para aplicar un impuesto sobre los servicios digitales en enero, las asociaciones de productores de aceitunas de mesa y aceite de oliva han pedido a su Gobierno que reconsidere la medida.
El llamado «impuesto Google» obligará a todas las empresas que obtengan más de 3 millones de euros de ingresos en España y al menos 750 millones de euros a nivel mundial a pagar un impuesto del 3 %. Las empresas estadounidenses, entre ellas Amazon, Facebook y Google, serían las más afectadas.
Los ingresos que se pueden obtener de este impuesto no compensan el daño que puede producirse en las relaciones bilaterales en un momento en el que las políticas comerciales y arancelarias pesan mucho a la hora de aplicar algunas políticas en detrimento de otras.
Los productores agrícolas en España temen que la medida avive las tensiones comerciales con Estados Unidos y complique aún más las negociaciones sobre los aranceles existentes a las importaciones agrícolas e industriales europeas.
«La introducción del impuesto a Google no es una buena noticia porque todo lo que hace que las negociaciones sean menos viables no es un asunto trivial y tendrá algún impacto, aunque espero que no sea mucho», declaró a El Economista Rafael Pico Lapuente, director ejecutivo de la Asociación Española de la Industria y el Comercio de la Aceite de Oliva (Asoliva).
Véase también: Noticias comercialesLas exportaciones de aceitunas de mesa negras de España a EE. UU. ya se enfrentan a un arancel del 35 % como resultado de los cargos antisubvenciones y antidumping impuestos por la administración del presidente Donald J. Trump.
Por su parte, las exportaciones de aceitunas de mesa verdes y de aceite de oliva envasado individualmente se enfrentan a un arancel independiente del 25 %, resultado de una disputa sobre las subvenciones ilegales concedidas por la Unión Europea al fabricante de aviones Airbus.
Además de estas medidas punitivas, la administración Trump amenazó anteriormente con imponer aranceles por valor de 2.400 millones de dólares a Francia cuando esta anunció sus propios planes, similares, de gravar a las mayores empresas tecnológicas multinacionales —en su mayoría estadounidenses—.
Aunque el presidente electo Joseph R. Biden Jr. ya habrá asumido el cargo cuando entre en vigor el nuevo impuesto digital de España, las asociaciones agrícolas temen que él también intente proteger los intereses de las empresas tecnológicas estadounidenses.
«Tienen un Gobierno, ya sea republicano o demócrata, que defiende sus intereses», declaró a El Economista Antonio de Mora, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa).
Los productores españoles de aceitunas de mesa se han visto especialmente afectados por ambos tipos de aranceles. Según datos publicados por Asemesa al inicio de la cosecha, las exportaciones a EE. UU. cayeron un 30 % en el primer semestre de 2020.
Biden aún no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta de la UE de un impuesto sobre los servicios digitales, pero funcionarios de Bruselas han señalado que esperan que adopte un enfoque más multilateral y cooperativo para resolver la cuestión que su predecesor.
Aunque Biden aún no ha tomado ninguna decisión pública sobre cómo abordará el comercio internacional una vez que asuma el cargo, el exvicepresidente habló durante la campaña electoral de dar prioridad a las inversiones nacionales frente a los nuevos acuerdos comerciales.
En opinión del Gobierno de Sánchez, el impuesto a Google hará precisamente eso por España. El Gobierno estima que el nuevo impuesto sobre los servicios digitales recaudará 2 000 millones de euros el primer año y hasta 968 millones de euros cada año a partir de entonces.
Sin embargo, para Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, el coste de oportunidad del impuesto a Google lastrará la economía más de lo que las ganancias a corto plazo la impulsarán.
«Los ingresos que se pueden obtener de este impuesto no compensan el daño que puede producirse en las relaciones bilaterales en un momento en el que las políticas comerciales y arancelarias pesan mucho a la hora de imponer algunas políticas frente a otras», declaró a la agencia de noticias EFE.
«Ser los primeros de la clase en esto no nos va a aportar agilidad de ningún tipo», añadió, refiriéndose a la decisión del Gobierno español de aplicar unilateralmente el impuesto sin esperar a un consenso más amplio del resto de la UE.
A De Mora también le preocupa la decisión del Gobierno de seguir adelante con el impuesto a Google sin la UE, que ha dicho que esperará hasta marzo —dos meses después de que la administración Biden haya asumido el poder— antes de aplicar su propio impuesto sobre los servicios digitales, muy similar.
«Lo que resulta muy sorprendente es que, cuando pedimos al Ministerio que negociara y presionara a Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por el conflicto aeronáutico, este respondió que era necesario alinearse con la UE y esperar a la resolución de la Organización Mundial del Comercio sobre la legalidad de las subvenciones a Boeing», señaló.
«Parece que estamos en la UE para algunas cosas, pero no para otras», añadió De Mora. «Eso genera una incertidumbre jurídica para las empresas que resulta incomprensible».