Los productores: los precios del aceite de oliva español no se ajustan a las condiciones del mercado
Los agricultores y ganaderos españoles han tenido que hacer frente a precios de venta muy por debajo de los costes de producción durante dos temporadas consecutivas. COAG exige ahora una investigación oficial sobre unos precios que se han reducido un 37 % desde marzo de 2018.
Los precios del aceite de oliva español han caído por debajo de los costes de producción, a pesar de que la demanda ha aumentado, lo que deja a los productores desconcertados y a los agricultores en una situación insostenible.
Esto demuestra que hay operadores que están destruyendo valor desde el campo hasta la mesa.
Desde marzo de 2018, los precios en origen han caído un 37 %, hasta situarse en 2,30 dólares por kilogramo, lo que ha dejado a los productores enfrentándose a dos temporadas consecutivas en las que los costes de producción han superado los precios de venta.
Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura español muestran pérdidas que superan los 1200 millones de dólares, una cifra que, según los representantes del sector, no se ajusta a las condiciones actuales del mercado. Los precios han caído un 15 % desde marzo de 2019, a pesar de que la demanda se ha disparado, lo que ha provocado un llamamiento a la acción por parte de los principales actores del sector español.
Un comunicado de prensa de la asociación de agricultores Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalaba que la demanda doméstica de aceite de oliva había aumentado un 31 %, que la producción de la temporada pasada se redujo un 37,6 % y que las exportaciones continuaban a buen ritmo. Teniendo en cuenta estos datos, según COAG, los precios deberían ser más altos.
Véase también: Publicación de las estimaciones de producción de aceite de oliva de la UE«Esto demuestra que hay operadores que están destruyendo valor desde el campo hasta la mesa», afirmó Juan Luis Ávila, representante de COAG-Jaén.
La COAG pide que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) investigue la situación, solicitando que el organismo público verifique que los contratos de venta de aceite de oliva tengan en cuenta el coste de producción.
«Es intolerable mantener por más tiempo una situación tan crítica cuando se está produciendo un repunte del consumo que beneficia a todos los operadores de la cadena excepto a los olivicultores», afirmó Ávila.
COAG no es la única organización preocupada por la caída de precios aparentemente injustificada. El Grupo Interóleo ha observado un aumento considerable del consumo de aceite de oliva en los hogares de España y otros países desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas de confinamiento.
La empresa señaló en un comunicado de prensa que los datos indican que los precios deberían estar subiendo, no bajando.
«Es inexplicable que los precios en origen se mantengan tan bajos, más aún cuando la producción de aceite de oliva, no solo en España, sino en todo el mundo, ha sido inferior a la prevista», afirmó el presidente del Grupo Interóleo, Juan Gadeo.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura muestran que el 88,9 % de todo el aceite de oliva vendido está disponible para su compra por parte de los consumidores nacionales. Sobre el papel, esto debería significar que las ventas de aceite de oliva benefician a todos los actores de la cadena.
Las empresas de envasado y distribución cuentan con 1,1 millones de toneladas de aceite almacenadas para la temporada, lo que les permite capear mejor la caída de los precios, pero esto no es así para los agricultores.
Además de pedir una investigación sobre una posible especulación en el mercado, COAG señaló que la iniciativa de la Unión Europea para regular la oferta mediante el almacenamiento privado del excedente de aceite de oliva no ha dado los resultados esperados.
El último intento
, que retuvo 200 000 toneladas de aceite de oliva fuera del mercado durante seis meses con el objetivo de ayudar a la recuperación de los precios, no contribuyó mucho a impulsar las cifras de ventas. Para hacer frente a las crecientes incertidumbres tras la crisis de la COVID-19, COAG ha solicitado a la Unión Europea que considere financiar al menos seis meses adicionales de almacenamiento privado.