Un informe revela que las prácticas de etiquetado en Francia siguen sin estar a la altura
El reciente informe de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude de Francia señala que la información comercial engañosa relacionada con la venta de aceite de oliva y productos derivados sigue requiriendo una mayor regulación.
La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia ha dado a conocer las conclusiones de un estudio sobre la calidad del aceite de oliva realizado «en el marco de su plan de control anual llevado a cabo en 2016», según un informe publicado en la página web de la organización.
La DGCCRF afirma que el plan de control forma parte de una misión más amplia destinada a supervisar la seguridad de los productos y fomentar la protección económica del consumidor. Los resultados no fueron nada prometedores, ya que 67 de las 139 muestras recogidas, es decir, el 48 %, no cumplían con las normas vigentes.
Este reciente estudio surge de los esfuerzos continuos realizados por la Unión Europea para establecer de manera efectiva normas de comercialización adecuadas para el aceite de oliva y otros productos que lo incorporan en su composición.
El Reglamento (UE) n.º 29/2012, aprobado el 13 de enero de 2012, explica que las características sensoriales y nutricionales distintivas del aceite de oliva lo hacen único entre las demás grasas vegetales. El documento explica que, dado que las prácticas agrícolas varían entre las diferentes regiones, «las cualidades y los sabores [son] notablemente diferentes según su origen geográfico». Esto da lugar, en última instancia, a «diferencias de precio dentro de la misma categoría de aceite que perturban el mercado». Tales distinciones diferencian al aceite de oliva de otros productos vegetales, que varían menos según su país de origen.
El informe de la DGCCRF sigue a su plan de control del aceite de oliva de 2015, cuyos resultados se publicaron en 2017. En aquel momento, se señaló que las condiciones climáticas adversas, la prevalencia de la mosca del olivo y el patógeno Xylella fastidiosa habían incrementado el precio del producto, y que «esta presión sobre los precios, que aumenta la competencia, es la causa de frecuentes fraudes que dan lugar a elevadas tasas de incumplimiento». Dicho informe señalaba que el 41 % de los productos analizados no cumplía con la normativa.
El informe de 2018 afirma que «la mayoría de las deficiencias observadas por los investigadores se refieren al etiquetado de los productos». Las discrepancias en el etiquetado detectadas por la DGCCRF se clasifican esencialmente en controversias sobre las características organolépticas o «incumplimiento de los parámetros fisicoquímicos». Si bien los análisis detectaron algún etiquetado engañoso en relación con las descripciones sensoriales, el informe se centra en la información comercial incorrecta relacionada con la «ausencia de indicación del origen» y la «falta de menciones obligatorias del volumen neto y la categoría del aceite».
A lo largo del estudio se pusieron de manifiesto varios aspectos concretos que suscitan preocupación y que podrían contribuir a la modificación de las prácticas de etiquetado normalizadas. Sorprendentemente, la DGCCRF determinó que «la tasa de incumplimiento» de los productos infractores era «mayor cuando la indicación de origen no es precisa y cuando el aceite procede de los países con mayor volumen de producción».
Se detectaron otras infracciones, entre ellas «una empresa que comercializaba en el circuito alimentario un aceite de oliva clasificado como lampante por el laboratorio» y otra que vendía productos «bajo la denominación de “aceite de oliva virgen extra”, mientras que los análisis revelaron que se trataba de una mezcla de aceites vegetales». En total, esta ronda de pruebas dio lugar a 71 advertencias, 39 requerimientos y 3 «decretos prefecturales de destrucción».
La proporción de productos que presentaban anomalías aumentó del 41 % al 48 % desde que la DGCCRF publicó su último informe de este tipo. Sin embargo, esta última edición señala que «la tasa de incumplimientos detectada durante los controles no es representativa de la realidad del mercado, ya que los controles son “selectivos” en función de la información de que disponen los investigadores».
Queda por ver si los conocimientos adquiridos a través de las investigaciones se traducirán en medidas adecuadas que puedan frenar eficazmente futuras infracciones.