El sector español del aceite de oliva, indignado por el archivo del caso de la «Operación Lucerna»
El sector del aceite de oliva español se muestra consternado ante la noticia de que no se presentarán cargos penales contra 14 personas presuntamente implicadas en la planificación de una estafa.
Lamentable, incomprensible, increíble, una vergüenza.
Esas fueron algunas de las reacciones de los miembros del sector del aceite de oliva español ante la noticia de que no se presentarán cargos penales contra 14 personas que, en un principio, se sospechaba que formaban parte de una estafa en la que se hacían pasar por aceite de oliva mezclas de aceites más baratos, como el de palma y el de aguacate.
En febrero, la policía española anunció que había detenido a 19 personas en relación con el caso, en el que supuestamente también estaba implicada una compleja red de 30 empresas y «testaferros» de España, Italia y Portugal, y que suponía una evasión fiscal de al menos 3 millones de euros (3,9 millones de dólares).
Las detenciones se produjeron tras una investigación conjunta de un año de duración con las autoridades fiscales españolas, denominada «Operación Lucerna», y se centraron en localidades de Jaén y Córdoba.
Sin embargo, diez meses después, el fiscal encargado del caso, Juan Muñoz Cuesta, ha declarado que no se presentarán las denuncias penales.
En una copia de un auto de acusación fechado el 22 de noviembre, obtenida hoy por Olive Oil Times, Muñoz Cuesta detalló en primer lugar las acusaciones de fraude fiscal que implicaban a varias de las partes, antes de abordar la cuestión de posibles delitos relacionados con el mercado o los consumidores.
Afirmó que, aunque las mezclas de aceites se habían elaborado de forma irregular y, en algunos casos, las etiquetas no coincidían con el contenido de los envases, a menos que se demostrara que los productos ponían en peligro la salud —lo cual no era el caso—, estos tendrían que haberse puesto a la venta o publicitado para que se hubiera producido un delito según el Código Penal.
Sin embargo, los aceites se encontraron en las instalaciones de varias empresas y aún no habían llegado al mercado.
Además, no se habían presentado denuncias por parte de personas perjudicadas y no había pruebas de que se hubiera afectado al interés general de nadie, explicó Muñoz Cuesta.
La noticia fue recibida con consternación e incredulidad por parte de muchos productores de aceite de oliva. Varios comentarios en la página de Facebook de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) señalaban que la situación empañaba la imagen del aceite de oliva virgen en general, y de los aceites de oliva españoles en particular.
El portavoz de la AEMO, José Penco, declaró a Olive Oil Times que lo irónico era que las empresas de aceite de oliva solían insistir en que los controles de sus productos se realizaran antes de que el aceite saliera de sus instalaciones —y no a partir de muestras tomadas en la fase de venta al por menor—, ya que no pueden controlar la forma en que se maneja el producto tras su envío.
«¿Dónde debería realizarse entonces la inspección para exigir responsabilidades?», preguntó.
La situación dejó desprotegidos a los consumidores y a la gran mayoría del sector, que actuó correctamente, afirmó.
Una portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) afirmó que el ministerio, «como debe ser, siempre valora la labor del sistema judicial y respeta sus decisiones».