Una acusación de fraude generalizado desata la polémica en España

El secretario general de la gigantesca cooperativa española Dcoop acusó a los embotelladores de vender mezclas de aceite de girasol etiquetadas como aceite de oliva.

El sector del aceite de oliva en España se encuentra en plena agitación tras las acusaciones de Dcoop, una cooperativa con miles de socios, sobre un fraude generalizado y sin control en el sector del aceite de oliva.

Estas declara­ciones me par­ecen par­ti­cula­rmente des­afortunadas e ir­res­pon­sa­bles, ya que po­nen en dub­ti­da la rep­uta­ción del sector.- Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

En pleno apogeo de la cosecha de aceitunas, el secretario general de la cooperativa, Antonio Luque, declaró a El Economista que ciertos envasadores se están lucrando mezclando aceite de oliva con productos más baratos, como el aceite de girasol.

Según Luque, estos productos adulterados se comercializan luego a nivel nacional e internacional como aceite de oliva, lo que compromete la integridad de la producción española.

Véase también: La escasez de mano de obra paraliza la cosecha de aceitunas en España

Según el presidente de Dcoop, esta situación se ha prolongado durante mucho tiempo. «Hemos guardado silencio durante 40 años, pero ya no lo vamos a permitir», afirmó Luque durante un acto organizado por la cooperativa.

«No tenemos pruebas para llevarlos a los tribunales, pero sí indicios muy sólidos, y carecemos de una administración, tanto nacional como regional, dispuesta a detenerlo y poner fin a esto», añadió. «La administración tiene que hacer algo porque no se está controlando el fraude».

Luque afirmó además que «el gran fraude del aceite de oliva se inventó en Italia. Allí el problema ya está bajo control, gracias a la trazabilidad. Sin embargo, el fraude se ha trasladado ahora a España».

Dcoop no nombró a los operadores específicos implicados y no aportó pruebas del supuesto fraude.

Las declaraciones de Luque provocaron respuestas inmediatas por parte de Anierac y Asoliva, las principales organizaciones que representan a los embotelladores y exportadores de aceite de oliva. Ambas organizaciones negaron rotundamente las acusaciones.

«En primer lugar, lo rechazamos de plano. La industria española es un sector capaz que cumple con todos los parámetros exigidos por la legislación europea y, además, está supervisada por todas las administraciones», afirmó Primitivo Fernández, director de Anierac.

«Me parezcan este tipo de declara­ciones, que no están respa­ldadas por ninguna prueba, muy ir­responna­bles», añadió Rafael Pico Lapuente, director ejec­tivo de Asoliva. «Si tienen alguna prueba, deberían acudir a los tribunales y denunc­iarlo».

Ambas organizaciones destacaron su colaboración con el Gobierno español a todos los niveles para mejorar continuamente los controles y la normativa.

También advirtieron de posibles acciones legales contra lo que describieron como «falsas acusaciones». En su opinión, tales declaraciones «pretenden desacreditar el prestigio del aceite de oliva español frente al de otros países y atacar a un sector de enorme importancia y tradición en España, que constituye un pilar fundamental para la economía y la cultura del país».

Las acusa­ciones de Dcoop también pro­vo­caron crí­ti­cas por parte del gobierno na­cional. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, advirtió de que estas afi­rma­ciones podrían da­ñar al sector del aceite de oliva.

«Estas declara­ciones me par­e­cen par­ti­cu­lar­me­n­te in­oportunas e ir­res­pon­sa­bles, ya que pu­e­sten en duda la rep­uta­ción del se­ctor», afi­rmó.

Planas destacó los rigurosos controles de etiquetado y las pruebas organolépticas de los productos de aceite de oliva, que se llevan a cabo de forma rutinaria.

También destacó la importancia de las normas aprobadas en 2021 para restringir el uso de los términos «virgen» y «virgen extra» en mezclas de aceite de oliva y otros aceites de semillas, y prohibir a los envasadores mezclar aceites de oliva de diferentes campañas. La actualización de la normativa tenía como objetivo mejorar la trazabilidad del producto a lo largo de los canales de producción y venta.

Planas advirtió a Dcoop de que, al no facilitar los «nombres y apellidos» de los presuntos culpables, sus acusaciones corren el riesgo de perjudicar a «un sector que no se lo merece».

En una declaración posterior, Dcoop reiteró sus acusaciones, citando anomalías en el mercado que sugieren que efectivamente se está produciendo un fraude.

«En esta campaña, ha habido casos en los que el aceite lampante (que no se puede embotellar porque es de mala calidad y debe refinarse) ha sido mucho más caro que el aceite refinado, a pesar de los costes industriales del refinado», escribió la cooperativa.

«Esto desafía la lógica del mercado», añadió la cooperativa. «El lampante es el aceite producido en almazaras que no puede embotellarse debido a su mala calidad y debe someterse a refinado. Una vez refinado, se mezcla con aceite virgen o virgen extra y luego se embotella como “aceite de oliva”»,

Dcoop también señaló la dificultad de detectar ciertos tipos de fraude en el aceite mediante análisis de laboratorio, haciéndose eco de las recientes declaraciones de expertos italianos en lucha contra el fraude.

«Todos los aceites comparten ciertas composiciones de ácidos grasos», escribió la cooperativa. «Por ejemplo, el aceite de girasol contiene ácido oleico», que es también la grasa predominante en el aceite de oliva.

«Hemos realizado estudios que revelan la existencia de aceites en el mercado con parámetros analíticos que se sitúan constantemente en sus límites, lo cual es naturalmente imposible y solo puede explicarse por la mezcla de diferentes aceites. Estos aceites cumplen las normas, pero presentan valores analíticos inusuales, lo que sugiere una manipulación», añadió.

«No estamos hablando aquí de un riesgo para la salud, sino de autenticidad, pureza y de garantizar que todo lo que hay en una botella de aceite de oliva provenga realmente de aceitunas», afirmó Dcoop.

«Tenemos pistas, pero no pruebas concretas contra ningún operador; de lo contrario, lo habríamos denunciado», concluía el comunicado. «Sin embargo, está claro que esto debe investigarse para defender la buena imagen del aceite de oliva español».